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La misión del Banco Mundial está esculpida en piedra en su sede de Washington: “Nuestro Sueño es un Mundo sin Pobreza”. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿Es un fenómeno que puede observarse y estudiarse sin cuestionar los paradigmas de desarrollo, crecimiento, poder, riqueza, trabajo y libertad insertos en las actuales instituciones culturales, sociales, políticas y económicas? ¿La pobreza es un síndrome o un fenómeno aparte, un conjunto de fenómenos aislados?

Como síndrome, la pobreza refleja presiones y tensiones causadas por el impacto político, económico, social, cultural y ambiental de sistemas desordenados de producción y consumo que amplían el foso entre aquellos que tienen el exceso y aquellos que no tienen lo esencial, frente a la complicidad entre los gobiernos y negocios responsables de una urbanización caótica, conflictos bélicos que llevan a emigraciones forzadas y la concentración de poblaciones en lugares de riesgo.

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Si partimos de una situación que nos permita corroborar “si dado A sucede B”, podríamos llegar a afirmar que “siempre” que tengamos A sucederá B. ¿Pero qué pasa si A está influenciada por alguna variable C que no estamos considerando? Por ejemplo, si le damos a A el valor de “llueve” y a B el valor de “me mojo”, podríamos decir: “Si llueve me mojo”. Pero si la variable C es “tengo paraguas”, ¿podemos también afirmar que “si llueve y tengo paraguas, me mojo”?

Creo que este ejemplo puede asociarse directamente a lo que sucede con la ciencia, la investigación científica y los investigadores. Durante la investigación científica se testean constantemente situaciones que pueden resumirse en “si tengo A sucede B”. Si esas situaciones pueden respaldarse se publican. ¿Pero que sucede si los hechos reales no son explicados completamente por esa proposición? ¿Qué sucede si en algún momento se observa una situación que contradice o que no queda reflejada por la proposición testeada? (Por ejemplo: “Si llueve y tengo paraguas, me mojo”). En estos casos, lo que debería suceder es un replanteo de la situación inicial testeada (por ejemplo: “si llueve me mojo”) para incorporar de alguna manera la variable C, que no había sido considerada hasta el momento.

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El continente antártico, las barreras de hielo y los archipiélagos circundantes están regulados bajo un régimen jurídico-político especial denominado Tratado Antártico (TA). Desde su entrada en vigor en 1961, los 12 países signatarios originales se comprometieron a mantener la paz en la región y promover el desarrollo de actividades científicas dentro de un marco de estrecha cooperación internacional. Con el correr de los años, nuevos interesados fueron sumándose a esta causa: en el presente más de 50 países sostienen activamente la premisa original.

Si bien los objetivos del TA son altamente positivos desde una perspectiva ambiental (por ejemplo, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos), el tratado contiene pocas manifestaciones explícitas acerca del cuidado de los seres vivos y del ambiente en general. Esto se explica a partir de su contexto de origen, la década del 50, cuando la problemática ambiental aún no representaba una prioridad en el derecho internacional. No obstante, sus disposiciones permitieron desarrollos normativos ulteriores. Al mismo tiempo que nuevos países se sumaban al TA, también se consolidaron otros acuerdos orientados a proteger distintos organismos tales como focas y aves. De todos ellos, el más sustantivo desde la perspectiva ambiental es el Protocolo de Madrid, en vigencia desde 1998. (1)

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Desde diversos sectores sociales se está impulsando la idea de que los organismos genéticamente modificados (OGM) sean desarrollados desde el Estado. Sólo a modo de ejemplo, recientemente en Argentina dos nuevas variedades de vegetales que han sido elaboradas desde ámbitos estatales -una soja que se promociona como resistente a sequía y una papa que es señalada con capacidad de enfrentar la infección de un virus-, están en pleno proceso de aprobación (1). Esta situación constituye un escenario en cierta medida novedoso que ha sido considerado desde algunos ámbitos como capaz de generar una ruptura cualitativa con los escenarios vigentes en los que OGM son desarrollados exclusivamente por capitales y recursos humanos provenientes del ámbito de las empresas multinacionales. Sin embargo, resulta imperioso a nuestros fines discutir las diferencias reales entre ambos escenarios.

Ahora bien, de qué modo abordar un objetivo de este orden. La estrategia que utilizaré a continuación será la siguiente: rastrear algunos de los principales interrogantes (y sus supuestos asociados) cuya respuesta podría ser “OGM estatales”. Esto es: asumiendo que los OGM estatales son las respuestas, busquemos cuáles son esos interrogantes implícitos. Se trata de buscar las preguntas relativas a los OGM, los “para qué” de tal búsqueda tecnológica en manos de nuestros Estados. Sin dudas, es un aspecto imperioso de ser discutido (también) en contextos académicos, de modo de problematizar el rol de la ciencia y la tecnología en nuestros países, evitando dar por sentado beneficios per se e intentando rastrear cuáles son los argumentos que pretenden legitimar dicha propuesta. Cabe aclarar que el análisis que presentaré a continuación se centra en el caso de Argentina, por lo que -si bien es posible presentar algunas similitudes con otros Estados- también inevitablemente tendrá algunas particularidades. Vayamos pues en búsqueda de dichos interrogantes. A continuación, algunas preguntas cuya respuesta sea “OGM estatales”.

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Hoy en día, en nuestro contexto geográfico iberoamericano vemos cómo se manifiesta una vulnerabilidad socioeconómica importante de diversos colectivos sociales, a raíz de la crisis económica y por las condiciones históricas desfavorables en América Latina. Nos interesamos aquí por el caso particular de las personas con discapacidad. La gran mayoría de ellas viven condiciones de exclusión social y pobreza. Padecen falta de acceso a la educación y al empleo, lo que condiciona sus posibilidades de desarrollo personal, integración y participación social. Afrontan, además, otras situaciones discriminatorias, como la reproducción de prejuicios y estereotipos negativos hacia ellas en los medios de comunicación, que dificultan, aún más, su inclusión social (1). En materia de educación, es necesario tener en cuenta que la ‘integración’ de estudiantes con discapacidad en un centro ordinario no es sinónimo de ‘educación inclusiva’. No basta con que las niñas y los niños con discapacidad puedan sentarse en un aula general. Es perentorio que cuenten con oportunidades reales de desarrollo a lo largo de toda su trayectoria educativa y vital, para lo cual resulta imprescindible la presencia de profesionales de apoyo y de las figuras orientadoras necesarias.

El avance hacia la educación inclusiva muestra signos de estancamiento, debido a la paralización del proceso en dos modelos previos: la educación integrada y la educación segregada. El agotamiento de reiteradas políticas específicas de integración debería dejar paso a un compromiso decidido y continuo con la inclusión, basado en el análisis crítico de los problemas y en el desarrollo de buenas prácticas en educación inclusiva, susceptibles de ser transferidas entre los países de la región, para que se establezcan como pautas de actuación (2).

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Aunque pensamos y hablamos todo el tiempo con metáforas, siempre hay algo sospechoso e incómodo en ellas si se las relaciona con la ciencia, terreno que le está vedado desde siempre. Y está claro por qué: según la imagen estándar, las ciencias se relacionan con el lenguaje referencialmente riguroso, formalizado y clarificado, mientras que la literatura o la retórica se vinculan con la creatividad, la asociación libre, la falta de límites lógicos y formales. Se trata, sin duda, de visiones estereotipadas y mitológicas más que reales, que gozaron de tanto alcance y difusión que propiciaron un tácito pacto cultural de caballeros durante siglos: la literatura (y la retórica) con un dominio hegemónico sobre un territorio que a la ciencia no le interesa; la ciencia, por su parte, en la búsqueda de un lenguaje neutro y depurado, despreciando las expresiones figuradas o desviadas.

Sin embargo, la ciencia está llena de metáforas. Por citar solo algunas muy conocidas: el universo es una especie de organismo, o bien una “máquina”; la humanidad o una civilización se “desarrolla” o “muere”; las leyes de la economía o la sociología son equivalentes a las de la física newtoniana; el mercado se autoregula por la “mano invisible”; la mente humana es una “computadora” y una computadora es una “mente”; la ontogenia humana repite la “filogenia” o viceversa; la “información” de una generación a otra de seres vivos se transmite mediante un “código genético”. Y no se trata de meras formas de hablar para transmitir conocimiento a los legos, aunque en ocasiones lo sea, sino de un uso cognitivo de la metáfora por, al menos, tres razones: i) la profusión de de metáforas en todas las áreas científicas lleva a sospechar fuertemente que su uso es la regla y no la excepción; ii) las expresiones metafóricas –casi siempre- son la forma única y habitual en la cual los científicos que se expresan y no sustitutos o paráfrasis de otras expresiones literales que usarían entre pares; y iii) las consecuencias teóricas y prácticas de las metáforas son parte del corpus teórico al cual pertenecen, al modo de los teoremas de un sistema axiomático. Ahora bien, revisar el uso cognitivo de las metáforas, que aquí llamaré “metáforas epistémicas” o ME (Palma, 2004), interpela al menos cuatro campos de problemas diferentes: al concepto mismo de metáfora; a la tradición epistemológica estándar y a sus herejías posmodernas como los estudios sociales de la ciencia; a la historia de las ciencias y a las ciencias biológicas.

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Como dice un amigo (según él, citando a Theodor Adorno), “toda generalización es una forma de autoritarismo”. De antemano lo asumo, así como también la arbitrariedad en la que incurriré al aventurar opinión sobre algunos aspectos que signaron el camino del Desarrollo Económico Local (DEL) en Argentina, con pretensión de extenderme a otros países de la región sudamericana y el Caribe. Después de todo, desde el eufemísticamente bautizado “encuentro de dos culturas” en adelante, la larga historia compartida de sometimiento, expoliación e intromisiones para frenar sus procesos de autoafirmación y democracia nos da terreno fértil para conjeturar similitudes: una entre ellas, la permeabilidad de los respectivos contextos políticos, económicos y socio-culturales a la transferencia y aplicación -muchas veces acrítica- de teorías y experiencias que, aparentemente exitosas en otras realidades, poco o nada tenían que ver con las propias posibilidades y necesidades.

En el caso de la que nos ocupa aquí, no es antojadizo pensar que su desembarco en estas tierras acaso haya encontrado también reacciones similares, más próximas a la adhesión que al rechazo. Al fin y al cabo, las usinas de pensamiento, prescripciones o financiamiento eran una vez más compartidas (FMI, CEPAL, BID, BM), y puertas adentro se cocían las mismas habas, como la deslegitimación de las clases dirigentes y la desafección ciudadana por la participación política. También por igual acunaba el canto de sirena sobre la “modernización del Estado”, discurso prometedor para sociedades hastiadas de su ineficiencia y opacidad. La retórica excluyente y hegemónica caló fuerte, y en menos de lo que canta un gallo atrás quedó la matriz estado-céntrica que alguna vez moldeara el Estado de Bienestar del que algunos disfrutáramos, reemplazada por otra con preeminencia del mercado como árbitro y asignador de recursos. El crecimiento económico, objetivo preeminente del desarrollo local en esta primera etapa (apostando a la radicación del capital externo y no al desarrollo endógeno que debió haber sido su norte), ya traería luego el bálsamo benéfico del “efecto derrame” para restañar las heridas del cuerpo social fragmentado y maltrecho, desmanteladas las infraestructuras públicas que antes fungieran como mecanismo de integración.

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América Latina está cerrando una década de crecimiento económico y de significativa reducción de la pobreza, pero con llamativas desigualdades de género. De hecho, prácticamente un tercio de mujeres sin ingresos propios (31,6%) mientras que uno de cada diez hombres comparten esta situación (11,6%). Según un informe regional, Trabajo decente e igualdad de género, de 2013 (PNUD, OIT, ONUMujeres, FAO y CEPAL), las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes están por fuera del mercado laboral (71,1%) y la informalidad laboral las afecta particularmente (53,7% frente a 47,8% de los hombres). Además, 15,3% de mujeres encuentra empleo solamente en el servicio doméstico, con escasa protección social y bajas posibilidades de desarrollo de destrezas laborales. Se estima que existen 58 millones de mujeres en la región que viven del campo, pero de ellas solamente 17 millones son consideradas población económicamente activa. Un 60% de ellas no son propietarias de sus tierras.

En suma, se cierra una década favorable a la región que no logró revertir las desigualdades de género en materia de empleo y protección social. En ciencia y tecnología, existen profusas brechas de género que muestran un menor porcentaje de mujeres en disciplinas como la ingeniería y afines. De hecho, se conformó una Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (RICTYG), con una visión crítica de cómo funcionan los sistemas de ciencias y tecnología en términos de no discriminación por razones de sexo. En el uso de Internet, según la CEPAL, la tasa de uso es un 8,5% entre las mujeres (en 2010).

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