| EL DEBATE: Evaluación en ciencia y tecnología: entre la necesidad y la sobrecarga |
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Aunque la evaluación periódica del personal de los organismos de ciencia y tecnología es, indudablemente, un instrumento esencial para conservar un estándar de calidad en la producción científica y tecnológica, muchos se preguntan si el elevado número de evaluaciones que se realizan no termina conspirando contra su eficiencia real.
Se trata de un sistema sobrecargado, realidad que se constata en los números. Por caso, el CONICET de Argentina lleva a cabo evaluaciones anuales, bianuales o trianuales de los informes reglamentarios de los investigadores, los becarios y el personal de apoyo que lo integran. De acuerdo con datos registrados en 2007, el organismo cuenta con alrededor de 5.300 investigadores, 5.600 becarios y 2.300 miembros de la carrera del personal de apoyo. Ajustando los informes a valores anuales, se estima que el CONICET argentino debe enfrentar la engorrosa tarea de evaluar unos 6.300 informes por año. Situaciones como ésta se replican en los organismos de ciencia y tecnología de otros países de Iberoamérica.
Este tipo de evaluaciones, sin embargo, no se limita a los informes reglamentarios. También se debe considerar dentro de este grupo al cúmulo global que integran, entre otros, los proyectos de investigación, las solicitudes de ingreso de becarios, investigadores y personal de apoyo, las promociones de categoría y las evaluaciones dirigidas a más de un investigador o instituto.
En Gran Bretaña, el Informe Boden sobre la evaluación por pares, solicitado en 1990 por el Advisory Board for the Research Councils, sostenía que "se está produciendo un agobio insoportable sobre los pares, lo que ha conducido a una crisis en el sistema de juicio". El informe aseguraba que algunas de las principales objeciones formuladas son la sobreexigencia y la fatiga. La primera se refiere a que la limitación de recursos conduce a que se requieran distinciones cada vez más finas entre propuestas que son, más o menos, igualmente meritorias, generando cierta arbitrariedad en el establecimiento de los órdenes de prioridad. En conexión con ello, el incremento de los objetos a evaluar genera una reacción de fatiga por parte de los evaluadores, reduce su espíritu de colaboración y afecta la calidad de su trabajo.
Si se tienen en cuenta estos datos -y otros que los lectores puedan aportar-, ¿es posible poner en tela de juicio la real eficiencia del sistema de evaluación de ciencia y tecnología?
Lo invitamos a sumar sus opiniones a este debate. ¿La sobrecarga de informes atenta o no contra la calidad de las evaluaciones? ¿Existe algún otro mecanismo que permitiría alivianar esa sobrecarga? ¿Cuál debería ser la política oficial acerca de este tema? ¿Cómo operan los sistemas de evaluación en los distintos países de Iberoamérica?
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