EL DEBATE: Inversión privada... ¿se busca?

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Aunque la idea no goza de simpatías en buena parte de la comunidad científica, lo cierto es que el formidable despliegue de la ciencia y la tecnología en el siglo pasado –particularmente en sus últimas décadas- ha estado impulsado por su impacto sobre la economía. La innovación, esto es, la incorporación de nuevos conocimientos a los procesos productivos, con su impacto sobre la competitividad de las empresas, se convirtió en la estrella de las políticas vinculadas con el conocimiento y con el desarrollo económico. El papel del Estado, por consiguiente, se ha ido modificando con la aparición de nuevos actores. Un signo de ello es que hoy en los países desarrollados la mayor parte de los recursos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D) proviene del sector privado.

Se sabe, entonces, que la inversión privada es un combustible vital para motorizar el crecimiento y la innovación en ciencia y tecnología. Se sabe también que en América Latina y el Caribe este recurso permanece desaprovechado. Aunque la coyuntura varía según el país, la conclusión es casi la misma para todos. No existe infraestructura que permita atraer una cantidad considerable de capitales privados. Todo esfuerzo por capturar la atención de las empresas se debe más a intentos aislados que a una política de desarrollo de alcance sostenido.

Los números hablan por sí solos. En los países de mayor desarrollo industrial, la inversión privada se coloca siempre por encima del 50 por ciento del gasto total en I+D. Basta con mencionar los ejemplos de Canadá (55 por ciento), España (56 por ciento) y Estados Unidos (71 por ciento en 2005). ¿Y en América Latina? Según la edición 2008 de “El estado de la ciencia: Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos”, el gasto en I+D por parte del sector empresarial en América Latina y el Caribe ni siquiera alcanza a cubrir la mitad de la inversión total. El último dato verificado data de 2006 y arroja un 41 por ciento. Este indicador es engañoso, sin embargo. Si se revisan las cifras país por país, sólo un puñado de ellos ronda ese número: Brasil (40 por ciento en 2004) y México (47 por ciento en 2005), entre ellos. En otros casos, el gasto público en I+D es incluso mayor que el invertido por particulares. Argentina es un ejemplo de esta mayor incidencia estatal: 41 contra 30 por ciento. Una sospecha arroja sombras sobre este cuadro: a pesar de ser bajas estas cifras están sobreestimadas.

Hay algunos sectores de la comunidad científica latinoamericana que no consideran negativamente este panorama, por cuanto creen que el conocimiento es un bien público inapropiable por el capital privado y ven con buenos ojos que el Estado se haga cargo de la I+D. Otros piensan que siendo la I+D parte del ciclo de los negocios es poco lo que el sector público puede hacer, ya que se deben respetar las leyes del mercado. Otros piensan que sólo habrá desarrollo en la región cuando sus empresas sean competitivas en mercados internacionales y que para ello es preciso lograr una sinergia público-privado, la cual, para ser factible, demandará un mayor compromiso empresarial. ¿Qué se debe hacer? ¿Resistir la apropiación privada de los conocimientos producidos por el sistema público de I+D o, por el contrario, incentivar a las empresas para que aumenten su presencia en este campo?

Lo invitamos a sumar sus opiniones a este debate. ¿Qué modificaciones deberían realizarse a nivel infraestructura para cautivar al sector privado? ¿Considera que impulsar la inversión privada en I+D puede conllevar alguna desventaja para los investigadores? ¿Cuál es la situación en su país?