EL DEBATE: Quién y cómo, los interrogantes de la participación

 

Por Marta I. González

Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC (España).

 

Las sociedades contemporáneas proporcionan abundantes oportunidades para la participación de sus ciudadanos en una gran diversidad de situaciones. La votación en una convocatoria de elecciones o referéndum ya no es el único medio de expresión: encuestas, SMS, foros, blogs y otros mecanismos de opinión, sobre todo en Internet, se han multiplicado en los últimos tiempos. En medio de una amplia variedad temática, y pese a que aún conservan parte de su prestigio como esferas de conocimiento privilegiado al alcance solo de los especialistas, no es infrecuente encontrar en primer plano cuestiones de debate público que tienen que ver con los desarrollos de la ciencia y la tecnología, que aparecen cada vez más entremezcladas con asuntos sociales y políticos. La ciencia se desarrolla hoy sometida a demandas de mayor responsabilidad social y más transparencia, y la tradicional evaluación por pares da paso a la rendición de cuentas frente a la sociedad. Más allá de procesar opiniones, en los últimos años se han puesto también en marcha mecanismos para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología.


Los argumentos a favor de la participación del público no experto son habitualmente de dos tipos: por una parte, ético-políticos, apelando a la coherencia democrática y al derecho de los implicados a decidir sobre asuntos que les conciernen. Esta argumentación está relacionada con los nuevos roles sociales que la ciencia asume en el mundo actual, asociados con la necesidad de tomar decisiones urgentes en situaciones de incertidumbre inherente sobre riesgos que afectan a grupos importantes de población: los riesgos ambientales, la seguridad alimentaria o las decisiones sobre modelos energéticos son ejemplos de cuestiones tecno-científicas para las que la ciencia no tiene respuestas inequívocas y sobre las que los ciudadanos afectados deberían poder decidir.

El segundo tipo de argumentos defiende que, gracias a la participación de los legos, las decisiones tomadas serán mejores, ya que estos pueden proporcionar perspectivas, hipótesis o información sustantiva de relevancia a sumar a la aportada por los expertos. Lo que se defiende es que la relación entre legos y expertos no puede seguir siendo unidireccional, bajo el supuesto de que los expertos tienen todas las claves y los ciudadanos son completos ignorantes. Los legos son, de hecho, especialistas en aquellas experiencias vividas en primera persona, como se ha demostrado en el descubrimiento de un buen número de enfermedades laborales o gracias a la lucha de los afectados por determinados trastornos, como el caso del SIDA o los estados intersexuales.

Hoy en día, nadie se manifiesta en contra de que los ciudadanos participen, incluso en los temas científicos. Sin embargo, la puesta en práctica de esta participación a iniciativa de las administraciones plantea a menudo problemas cuya solución no resulta obvia. Puede que los ciudadanos tengan derecho a participar pero ¿tienen las competencias necesarias para hacerlo? Y, ¿cuáles serían éstas? En relación con esto, no es tampoco evidente qué ciudadanos tendrían derecho a participar: ¿los implicados, los competentes, los interesados, todos? ¿Cómo se organiza la discusión y la participación? ¿Han de ser vinculantes las sugerencias, opiniones y decisiones de los ciudadanos? ¿Han de participar también los ciudadanos en el planteamiento de los problemas?

Todas las dificultades encontradas en la puesta en práctica de la participación remiten en mayor o menor medida a una cuestión fundamental: ¿una decisión tomada de forma participativa es siempre una mejor decisión? Desde un punto de vista ético-político, sin duda lo es. Sin embargo, desde una perspectiva sustantiva, la respuesta no es tan simple. Los ciudadanos pueden preferir el beneficio económico y los puestos de trabajo esperables de una intervención tecnológica en su entorno, aunque el daño para el medio ambiente vaya a ser importante. O, al contrario, pueden paralizar determinadas actuaciones por miedos irracionales al cambio en sus modos tradicionales de vida. Pueden apoyar u obstaculizar ciertas vía de investigación científica por razones que los científicos consideren producto de la ignorancia.

Conviene revisar los ejemplos anteriores, no obstante, a la luz de los argumentos para la participación arriba mencionados: ¿Quién decide qué prioridades se establecen en relación al desarrollo de una comarca? ¿En qué punto se convierte en irracional la aplicación del principio de precaución? ¿Cómo se define y se mide la irracionalidad o la ignorancia? ¿Acaso políticos y científicos están libres de sesgos y prejuicios? ¿Están políticos y científicos realmente preparados para escuchar a los ciudadanos y oír aquello que no desean? Ciertamente no, y de ahí el constante titubeo y la tibieza en la implantación de mecanismos participativos que, a menudo, son meras maniobras estratégicas.