Las sociedades contemporáneas proporcionan abundantes oportunidades para la participación de sus ciudadanos en una gran diversidad de situaciones. La votación en una convocatoria de elecciones o referéndum ya no es el único medio de expresión: encuestas, SMS, foros, blogs y otros mecanismos de opinión, sobre todo en Internet, se han multiplicado en los últimos tiempos. En medio de una amplia variedad temática, y pese a que aún conservan parte de su prestigio como esferas de conocimiento privilegiado al alcance solo de los especialistas, no es infrecuente encontrar en primer plano cuestiones de debate público que tienen que ver con los desarrollos de la ciencia y la tecnología, que aparecen cada vez más entremezcladas con asuntos sociales y políticos. La ciencia se desarrolla hoy sometida a demandas de mayor responsabilidad social y más transparencia, y la tradicional evaluación por pares da paso a la rendición de cuentas frente a la sociedad. Más allá de procesar opiniones, en los últimos años se han puesto también en marcha mecanismos para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología.
Los argumentos a favor de la participación del público no experto son habitualmente de dos tipos: por una parte, ético-políticos, apelando a la coherencia democrática y al derecho de los implicados a decidir sobre asuntos que les conciernen. Esta argumentación está relacionada con los nuevos roles sociales que la ciencia asume en el mundo actual, asociados con la necesidad de tomar decisiones urgentes en situaciones de incertidumbre inherente sobre riesgos que afectan a grupos importantes de población: los riesgos ambientales, la seguridad alimentaria o las decisiones sobre modelos energéticos son ejemplos de cuestiones tecno-científicas para las que la ciencia no tiene respuestas inequívocas y sobre las que los ciudadanos afectados deberían poder decidir.
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